Del no ha lugar a la condena: así decide la justicia

El pasado 15 de junio, el juez Reymundo Mejía envió a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, calificando lo ocurrido en la discoteca Jet Set como homicidio involuntario.

Por igual, el magistrado rechazó imponer prisión preventiva a los acusados y mantuvo las garantías económicas de 50 millones de pesos para cada uno, el impedimento de salida del país y la presentación periódica al tribunal.

Acogió la solicitud de medidas conservatorias e impuso embargos conservatorios y retentivos, así como la inscripción de hipotecas judiciales sobre los bienes inmuebles, activos y valores por la suma de 500 millones de pesos, equivalente al duplo de la suma principal.

El abogado y juez Blaury Luciano Ferreras detalló cómo funciona el sistema penal dominicano y aclaró que las decisiones judiciales se basan en las pruebas presentadas por las partes involucradas.

Durante una entrevista sobre el funcionamiento del sistema penal dominicano, el abogado explicó que un proceso judicial no se limita a la imposición de una medida de coerción, sino que atraviesa varias etapas en las que se evalúan las evidencias antes de determinar la responsabilidad o inocencia de un imputado.

Ferreras señaló que el sistema penal se desarrolla en tres fases principales. La primera corresponde a la etapa de medida de coerción, en la que el juez analiza las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la defensa para determinar si existen elementos razonables que vinculen a una persona con el hecho investigado. En caso de existir indicios suficientes, pueden imponerse medidas que van desde presentación periódica hasta prisión preventiva. Por el contrario, si las evidencias no sustentan la acusación, el tribunal puede rechazar la solicitud.

El jurista aclaró que la imposición o no de una medida de coerción no significa que el proceso haya concluido. Posteriormente, el Ministerio Público y las partes querellantes continúan con la investigación y presentan una acusación formal acompañada de testimonios, documentos, informes periciales, imágenes y demás pruebas disponibles. También se garantiza al imputado el derecho a presentar elementos de defensa.

En una segunda fase, el juez de la instrucción evalúa si las pruebas reunidas son suficientes para sostener una posible condena. Si considera que existen fundamentos razonables, ordena la apertura de un juicio de fondo. En caso contrario, emite un auto de no ha lugar, decisión que puede ser recurrida ante la Corte de Apelación.

La tercera etapa corresponde al juicio de fondo, donde el tribunal analiza de manera exhaustiva las evidencias presentadas por las partes. Ferreras explicó que, si las pruebas son contundentes y permiten establecer la responsabilidad del acusado, se dicta una sentencia condenatoria ajustada a las penas establecidas por la ley. De lo contrario, procede una sentencia absolutoria.

Además de las consecuencias penales, el abogado destacó que los tribunales también pueden establecer indemnizaciones por daños materiales y perjuicios morales sufridos por las víctimas, así como imponer multas cuando la legislación lo contemple. De igual manera, indicó que una absolución implica el cese de las medidas de coerción impuestas al imputado y la devolución de garantías económicas, si las hubiera.

Ferreras enfatizó que los jueces toman sus decisiones basándose exclusivamente en las pruebas y en el respeto al principio de seguridad jurídica, uno de los pilares del Estado de derecho. En ese sentido, consideró que comprender el funcionamiento de los procesos judiciales permite a la ciudadanía interpretar con mayor claridad las decisiones de los tribunales y evitar conclusiones apresuradas sobre casos que aún se encuentran en desarrollo.








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